Con una política intervencionista, la producción agrícola está atada al clima y a la suerte de las cotizaciones en Chicago. El cálculo es que, con la actual campaña, el fisco embolsará US$ 8000 millones en derechos de exportación (retenciones), el 8 por ciento de la recaudación tributaria general. “Se cree que el productor hace poco y tiene ganancias extraordinarias, por el incremento de los precios internacionales. Por eso, el Gobierno retiene para gastar en subsidios en lugar de dejar que el empresario reinvierta”, analiza el economista Orlando Ferreres. Agrega números: “Desde diciembre de 2002, la tonelada creció 126 por ciento. Pero, si se toma el neto, el incremento fue de 92 por ciento. En cambio, el precio de un futón aumentó 223 por ciento”. El economista da otro dato: “Pasamos de 30 millones de toneladas de producción de soja, en 1990, a 100 millones. Sin trabas, hubieran superado las 150 millones”. Otro efecto de la discrecionalidad es la desinversión, principalmente, en trigo y maíz. “Afecta. Por ejemplo, además del impacto de las retenciones, el productor de trigo cobra hoy US$ 70 menos por tonelada de lo que podría estar recibiendo si el mercado estuviera abierto a la exportación. En el caso del maíz, US$ 50”, comenta Ricardo Negri, a cargo de Investigación y Desarrollo de Aacrea, asociación que nuclea a empresarios rurales para el intercambio de experiencias técnicas. Esto también explica en parte el incremento de soja, el mercado menos intervenido. A eso, se le suma el aumento del precio de los insumos. En un año, los fertilizantes subieron: 19 por ciento la urea y 23, el fósforo. Siempre, en dólares. También son significativas las alzas en pesos de insumos y servicios. “Es importante porque la inversión en tecnología disminuye la variabilidad del rendimiento”, aclara Negri.
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